Ivan Salazar Aguayo

Por Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram

Chile es reconocido como un país con características ecológicas exclusivas. Sus condiciones de aislamiento han posibilitado la existencia de ecosistemas únicos, especies endémicas y es centro de origen de al menos tres especies agrícolas: papas, frutillas y tomates.

Desde 1992, en Chile se ha autorizado el desarrollo de cultivos transgénicos para la producción de semillas de contratemporada, los que paulatinamente han aumentado en superficie, número de especies y modificación genética.

Según datos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Chile pasó de cultivar unas 20 hectáreas de transgénicos en 1993, a más de 25.000 hectáreas el año pasado, aunque no es posible descartar la existencia de cultivos no autorizados por el SAG.

La dificultad para acceder a la información provoca desconfianza y permite sospechar que lo que se conoce es sólo parte de la realidad.

Recientemente, a través de un informe del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), se supo de la contaminación desde cultivos transgénicos a tradicionales.

Por ahora, se desconoce el real alcance de esta contaminación y es imposible sopesar sus consecuencias, sean negativas o positivas. Por lo mismo, esto amerita una investigación mayor, pues conlleva el riesgo de perder importantes mercados para productos convencionales en países altamente restrictivos.

Tampoco hay avances en el establecimiento de un marco regulatorio para estos cultivos, y ni siquiera es obligatorio el etiquetado de alimentos transgénicos.

Todo intento por promover una legislación en este sentido ha fracasado y, hasta ahora, sólo existen regulaciones administrativas para cultivos y salud, pero sin información pública.

Hoy, con la información disponible, es posible afirmar que existe presencia de organismos genéticamente modificados en diversos rubros de la economía nacional: agricultura, alimentación, salud, forestal, minería, e investigación y desarrollo.

Cada cierto tiempo el debate sobre los transgénicos se repone en el país, sin embargo, no se ha generado un debate profundo al respecto.

Para poder hacerlo se requiere de elementos fundamentales, que hasta ahora no se encuentran, tales como: saber la ubicación precisa de los lugares de cultivo, conocer las variedades de transgénicos que se cultivan y que exista la voluntad de regular.

Al igual que en lo relativo a la rotulación de alimentos, los ciudadanos tienen derecho a saber y elegir de manera informada.

Por ahora, los gobiernos no han cumplido con su deber de mantener a los ciudadanos informados.

La carencia de información pública siempre genera desconfianza en la ciudadanía.

En temas relacionados con transgenia y biotecnología, la desconfianza es mayor, ya que su presencia ha generado siempre controversia, precisamente porque existe una serie de incógnitas.

Hoy, sólo si se trabaja seriamente en mejorar el acceso a la información, será posible avanzar en la construcción de una mirada país con una propuesta de política pública que defina lo que queremos para Chile en esta materia.

Es imprescindible hacer una evaluación social, ambiental y económica que dé cuenta de los impactos positivos y negativos que ha tenido para Chile el desarrollo de cultivos transgénicos, la no rotulación de alimentos, la promoción y entrega de fondos públicos para distintas áreas de la investigación, así como trasparentar la información sobre la ubicación de estos cultivos.